La estulticia (una palabra llevaba tiempo queriendo utilizar) de nuestros tiempos permite que una persona como Magdalena Álvarez, Ministra de Fomento del Gobierno de España, pueda continuar en su cargo. En otro ámbito, o quizás en otra galaxia, donde la incompetencia y los errores implicaran un coste en términos de responsabilidad, donde el escrutinio de los actos y las decisiones tuviera un rigor mínimo, esta persona habría sido expulsada de su puesto de trabajo.
El manejo retorcido en su favor de dos categorías objetivas (ser mujer y tener acento andaluz) funciona como escudo ante las críticas, desvía la atención e incluso posibilita a la Sra. Álvarez mantener una actitud de contraataque ante sus adversarios políticos.
Nos hallamos ante una novedad histórica, extremadamente atractiva para el análisis sociológico. Hasta hace bien poco, las dos categorías citadas se retorcían en contra de sus poseedores, impidiéndoles acceder a cargos públicos relevantes. La conciencia colectiva de esta “deuda histórica” conduce a un consenso que reconoce la necesidad de reparación. Una reparación que, en manos de una ideología supuestamente progresista, alcanza extremos caricaturescos en algunos casos pero dotada de cobertura legal y retórica.