La postura de la delegación española es un seguidismo entusiasta de las Naciones Unidas
Los documentos previos que explican detalladamente las opiniones del gobierno español han sido puestos a disposición pública apenas hace unas horas. Se trata de documentos muy complejos elaborados por un funcionariado competente en el tema pero víctima completa de un síndrome de Estocolmo climático. Secuestrados los funcionarios por un fin oculto que jamás se puso en duda, que no fue debatido, y de fortísimas raíces ideológicas (existe un peligroso calentamiento global del planeta causado por el ser humano) los funcionarios vibran en sintonía con sus secuestradores, otros funcionarios de las Naciones Unidas, que han logrado introducir leyes en los estados-nación por un procedimiento completamente al margen de su soberanía, el establecimiento de una política mundial en el ámbito medioambiental. La transversalidad de los temas a tratar permite extender su influencia a todas las áreas de actuación política de los gobiernos de estados soberanos independientes, aniquilando de facto su soberanía e independencia, destruyendo de facto los poderes de los organismos demócraticos que representan a los ciudadanos como resultado de su libre elección, e.g. las Cortes españolas, porque el ámbito de decisión ha mudado de lugar, ya no se trata del parlamento español, ni siquiera de su gobierno, la emboscada comienza en la postura de un ente superior, la Unión Europea, y culmina en una conferencia internacional, en la que en pie de igualdad se equipara y asigna el mismo valor a las tesis medioambientales de países que, por poner algún ejemplo, no son otra cosa que satrapías despóticas donde se ejecuta a los homosexuales. El mismo valor que a las tesis de democracias con un exquisito respeto por las libertades individuales. La transversalidad es la puerta falsa por la que el medioambientalismo radical logra la imposición de unos dictados políticos al margen de las urnas y de las elecciones libres que nunca los ratificarían. Con la connivencia de gobernantes - Zapatero - con una agenda política en estos asuntos de adolescente, que no desean verse identificados con la etiqueta de anti-ecologistas por temor al impacto electoral en una sociedad estrangulada por el látigo de lo políticamente correcto.
La transversalidad es la puerta falsa por la que el medioambientalismo radical fuerza desde instancias remotas muy alejadas del ciudadano libre - que ignora hasta su existencia - el advenimiento de un cosmopolitismo aparente, en el que lo común a todos los países permite que Robert Mugabe o Abdullah Ahmad Ballawi decidan sobre las emisiones de CO2 correctas del coche del ciudadano libre español D. León Catalán Sevilla. Ciudadano que muy probablemente y en el ejercicio de libertades individuales, garantizadas y consideradas por D. León Catalán Sevilla como obvias en su patria y estado soberano, habría sido ejecutado por intentar ejercitarlas en Zimbabue o en Malasia.
Esos funcionarios completamente secuestrados elaboran documentos complejos donde sólo un poderoso machete permite librarse de la espata del lenguaje, es tal la farfolla que son necesarias horas para desbrozar el terreno donde nuestras libertades individuales están siendo aniquiladas. Un ejemplo, hay todos los que se deseen para escoger, da una idea de lo que intento transmitir
Desde el punto de vista de España, el NWP es muy relevante por los estrechos vínculos y paralelismos que mantiene con la RIOCC y el PIACC
Esto es lo que se lee, literalmente, cuando se busca una definición de la posición de España. El secuestro del debate mediante el oscurecimiento del lenguaje con la jerga burócrática en su máximo esplendor es completo. Así uno asiste estupefacto a una toma de postura española en la que se simpatiza con ideas o países que en nada coinciden con la que debería ser una firme estrategia a medio y largo plazo de una potencia mundial, España. El funcionariado secuestrado - pese a su competencia técnica y precisamente por su competencia técnica- está dictando de facto las políticas. No tenga quien esto lea la menor duda de que la actual ministra de medio ambiente no ha leído, ni podría entender el documento al que me refiero. La política que Zapatero transmite a los técnicos ministeriales es un fuerte mensaje de apoyo al criterio específico marcado por las Naciones Unidas en estos asuntos, no les transmite la exigencia de un análisis crítico en defensa de los intereses españoles y así, a lo largo de las cuarenta y siete páginas del documento,
¿aparece alguna crítica, alguna exigencia formal española, alguna desavenencia específica nuestra, alguna consideración en contra, alguna negativa, alguna oposición, duda, incertidumbre o énfasis en un desatino perjudicial para nuestra patria por nimio que sea?
NO
¿Es esto creíble?. ¿No merece una reflexión?.
La octava potencia del planeta, nuestra patria, ¿comulga punto por punto con decenas de documentos sólo vistos por funcionarios, y elaborados por otros funcionarios extranjeros y comités de trabajo internacionales? donde - debido al fuerte mensaje de adolescente transmitido por Zapatero sin reflexión alguna - se presta oído y se atiende lo que dice Papúa. Sí, Papúa, página 27.
El Gobierno de Papúa solicitó......con el apoyo de Congo, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Nicaragua...
Yo no creo - ni nadie en su sano juicio - que después de analizar las propuestas de los muy avanzados y democráticos países mencionados no haya ni una sola discrepancia con los intereses de España. Es, sencillamente, imposible.
Pero es lo que sostiene el documento de nuestro gobierno que fija la posición política de España en este asunto. Creo que es legítimo entonces repetir alto y claro que mi análisis es correcto y bien fundado y que
La postura de la delegación española es un seguidismo entusiasta de las Naciones Unidas
un seguidismo acrítico y asqueroso que no tiene en cuenta los intereses generales de nuestro país. En la fórmula de promesa en la que nuestros presidentes del gobierno son investidos como tales figura hacer guardar la Constitución y nos parece bien, mantener el secreto de las deliberaciones con sus ministros, una broma supongo de los padres nuestra constitución, y no figura explícitamente - para desgracia nuestra - anteponer siempre los intereses generales de España. Si así fuera, más de un presidente, también el actual, y esto es opinión exclusiva mía, merecería ser acusado de traición.
b
Comentarios
#1 lideruchos
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Juanjo.
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